En su comparecencia, Fernando Baena, como representante y portavoz del colectivo, ha expuesto la situación de desprotección e inseguridad jurídica en la que se encuentran los consumidores y usuarios debido a la desregulación total de la actividad de la intermediación inmobiliaria, considerando, que sin limitar el acceso al libre ejercicio de la actividad profesional, sí es necesario abordar una normativa reguladora de la gestión de la intermediación inmobiliaria en aras de la transparencia del sector, en la que desde la administración se nos exija a los profesionales unas obligaciones y unos requisitos mínimos para garantizar la seguridad jurídica y la defensa de los consumidores y usuarios.